En Naucalpan de Juárez, una mujer identificada como Joisa Juárez hizo pública su denuncia por presunta violencia física, psicológica y económica durante ocho años por parte de su expareja, Víctor “N”, con quien comparte un hijo menor. La afectada relató que estos abusos sistemáticos buscaban coartar su libertad, aislarla de su red de apoyo, y mantenerla en una situación de dependencia. Como consecuencia, perdió amistades, oportunidades laborales y relación cercana con sus familiares.
Según la denuncia, el agresor asistía de forma intimidante a sus reuniones de trabajo, un patrón de violencia que persistió incluso tras separarse. Joisa informó que inició un proceso jurídico en tribunales de Naucalpan, el cual derivó en un convenio presionado por Víctor “N” e impulsado por maniobras de sus abogados. Asegura que hubo irregularidades en ese acuerdo, al que accedió por el miedo a represalias.
La situación escaló nuevamente el 13 de noviembre de 2024, en Tlalnepantla, cuando Víctor “N”, identificándolo en un estacionamiento, aparentemente atacó físicamente a Joisa y un amigo que la acompañaba. De acuerdo con la víctima, él la tomó por los brazos y la lanzó contra una pared, lesionándole el brazo derecho, y también golpeó al acompañante.
Joisa declaró que Víctor “N” ha utilizado sus recursos económicos, contactos y conocimientos legales para obstruir el proceso judicial, presentando falsos argumentos en los citatorios y realizando maniobras dilatorias con el fin de que ella desistiera de continuar la denuncia.
Desde ese momento, en busca de protección y visibilizar su caso, la afectada recurrió a los medios públicos y grabó un video dirigido a las autoridades, y a la Fiscalía del Estado de México, solicitando su intervención para detener estas agresiones y garantizar su seguridad y la de su hijo.
Joisa concluyó su mensaje diciendo: “Como toda persona, tengo derecho a vivir con paz… ya no puedo estar tranquila, mi día a día es esperar el momento en que vuelva a llegar para agredirme”, apelando a la intervención de las autoridades locales y estatales para que el caso no quede impune.
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