Después de una prolongada batalla legal, Guadalupe Chávez, conocida como doña Lupita, de 102 años, logró recuperar su vivienda en la colonia Lomas Hipódromo, en Naucalpan. El inmueble le había sido arrebatado mediante un elaborado fraude inmobiliario en el que estuvieron implicados funcionarios, notarios y una empresa del sector privado. La resolución del caso llega tras años de omisiones por parte de autoridades.

La denuncia se presentó en 2019, cuando la familia descubrió que la casa había sido vendida con documentos falsos. Desde entonces, acusaron a la Fiscalía de Naucalpan de extraviar la carpeta de investigación, lo que obligó a reiniciar el proceso. La omisión retrasó por años la justicia para Lupita, mientras los responsables operaban con impunidad.

Según los peritajes, la compraventa fraudulenta involucró la falsificación de firmas y credenciales del INE. La propiedad terminó en manos de la empresa Sare S.A. de C.V., mediante una cadena de transacciones avaladas por autoridades registrales del Estado de México y un notario de Oaxaca, lo que evidenció una red de complicidad institucional.

A pesar de que Sare fue señalada inicialmente como parte del despojo, la Fiscalía mexiquense concluyó que también había sido víctima del engaño. Tras un proceso de mediación, la empresa aceptó devolver el inmueble sin exigir compensación económica. La resolución fue posible gracias a la estrategia «Operación Restitución», promovida por la Fiscalía estatal.

Aunque la gobernadora Delfina Gómez fue mencionada como aliada en la resolución, la familia Chávez considera que la justicia llegó tarde. “Se perdieron años valiosos y la Fiscalía local nunca dio respuestas claras”, señaló Gabriela, nieta de Lupita. Habitantes de Naucalpan piden que se finquen responsabilidades a los involucrados y que se fortalezcan los controles en notarías y registros públicos.

El caso ha generado indignación entre vecinos, quienes ven en la historia de Lupita un reflejo de la vulnerabilidad que enfrentan los adultos mayores ante el despojo patrimonial. Organizaciones civiles han reiterado la urgencia de reformar las leyes para castigar con mayor severidad este tipo de delitos.

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