La Fiscalía del Estado de México, en coordinación con autoridades federales, colocó sellos de suspensión en al menos 70 centros de rehabilitación para adicciones en la región, en el marco de investigaciones por presunta operación irregular vinculada a homicidios y otros delitos graves. Los establecimientos, conocidos coloquialmente como «anexos», fueron inspeccionados simultáneamente en distintos puntos, incluyendo Naucalpan de Juárez.
Las clausuras desencadenaron protestas inmediatas de internos, familiares y operadores de estos centros, quienes bloquearon vialidades primarias como Periférico Norte para exigir la reapertura de los establecimientos. Representantes de los centros afectados estimaron que alrededor de 5,500 personas habrían sido retiradas de estos espacios, advirtiendo que los cierres afectan directamente a quienes dependen de atención continua en procesos activos de rehabilitación.
Responsables de al menos un centro ubicado en la colonia Izcalli Chamapa, en Naucalpan, indicaron que durante las inspecciones ningún interno manifestó estar retenido contra su voluntad, y expresaron disposición para regularizarse. Durante los operativos, al menos seis personas fueron detenidas por presuntos delitos de privación ilegal de la libertad y trata de personas, señalamientos que los representantes de los centros rechazaron.
El 19 de marzo los bloqueos se intensificaron en Periférico Naucalpan y en la Vía Gustavo Baz, en Tlalnepantla. En este último punto, siete integrantes de grupos de Alcohólicos Anónimos —cinco hombres y dos mujeres— fueron arrestados por elementos de la policía municipal tras negarse a liberar la circulación, insultar a ciudadanos y mostrarse renuentes al diálogo. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, señalados por probable participación en los delitos de ataques a las vías de comunicación y resistencia.
En el marco de la misma jornada de operativos, elementos de la Fiscalía estatal y de la Marina aseguraron varios inmuebles donde operaban empresas de call center en Naucalpan, entre ellos en la colonia Alce Blanco, ubicados en las calles Plásticos y Escape. En al menos uno de estos establecimientos se realizaban presuntamente gestiones de recuperación de cartera para instituciones financieras. Decenas de empleados fueron desalojados y sus pertenencias —mochilas, teléfonos y carteras— quedaron retenidas en los inmuebles sellados.
Las autoridades señalaron que los centros de rehabilitación que acrediten cumplir con los requisitos legales podrán regularizarse y continuar operando. Los trabajadores de los call centers afectados exigen acciones inmediatas para recuperar sus pertenencias. Ambas diligencias permanecen bajo resguardo de la Fiscalía del Estado de México, que determinará las implicaciones jurídicas en cada caso.