La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló irregularidades por 16 millones 568 mil 949 pesos en cinco contratos firmados durante el gobierno de Angélica Moya en Naucalpan, principalmente en el uso de recursos del FORTAMUN, FAISMUN y Participaciones Federales.
Entre las principales observaciones está la falta de documentación comprobatoria en contratos de adquisiciones y servicios para la Dirección de Seguridad Ciudadana, como facturas, reportes fotográficos, actas de entrega-recepción, y evidencia del ingreso de bienes como chamarras, gorras, chalecos balísticos y vehículos arrendados.
Uno de los contratos más elevados fue de casi 7 millones de pesos por el arrendamiento de unidades vehiculares, sin que se presentaran convocatorias, constancias fiscales o propuestas económicas, lo cual viola la normatividad aplicable en adquisiciones públicas.
La ASF también observó pagos indebidos en obras del FAISMUN, específicamente en la rehabilitación de una calle en la colonia Cerros de Oaxaca, donde se pagaron conceptos no ejecutados. Además, se incumplió la obligación de destinar al menos el 30% de estos recursos a Zonas de Atención Prioritaria.
En el rubro de nómina, se detectaron pagos que superaron el tabulador autorizado por 102 mil 352 pesos, y aunque el municipio intentó justificar parte del monto, aún no ha aclarado esa cantidad. Estos pagos corresponden a servicios personales, lo que sugiere posibles excesos en sueldos o compensaciones.
La ASF promovió cuatro acciones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos, señalando falta de transparencia en contratos, omisiones en documentación clave y errores en registros de inversión social.
Por su parte, el gobierno de Isaac Montoya deberá atender las observaciones y aclarar las inconsistencias heredadas por la administración anterior. Sin embargo, la ciudadanía espera no solo explicaciones, sino sanciones ejemplares y cambios en la fiscalización municipal.
Este caso se suma a una larga lista de señalamientos en Naucalpan, donde la falta de control en el manejo de recursos públicos ha sido constante en diferentes administraciones, generando desconfianza entre la población y debilitando la credibilidad institucional.
Con información de Noe Álvarez Pascual, OEM
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