El gobierno municipal de Naucalpan, encabezado por Angélica Moya Marín en el periodo 2022-2024, pagó seis créditos fiscales heredados de la administración de Patricia Durán Reveles. Estos créditos correspondían al impuesto sobre la renta (ISR) retenido a los trabajadores entre 2020 y 2021. Sin embargo, a pesar de que la deuda ya había sido saldada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) volvió a exigir el pago, poniendo en riesgo las finanzas municipales.
La actual tesorera, Claudia Oyoque Ortiz, y el presidente municipal, Isaac Montoya, acusaron a la administración anterior de haberse amparado para evitar pagar estos impuestos. Pero Moya Marín aclaró que no se trató de evadir la obligación, sino de impugnar los créditos ante el SAT para evitar un doble pago y posibles sanciones de los órganos fiscalizadores. Documentos oficiales confirman que se cubrieron los adeudos por un total de 740 millones de pesos.
Otro punto de conflicto es la responsabilidad del ex tesorero municipal Leopoldo Corona, quien estuvo en funciones durante la administración 2019-2021. La falta de pago del ISR en su gestión provocó que la Contraloría Municipal abriera un expediente para determinar si amerita sanciones. Este caso ha generado tensión política, ya que el incumplimiento del gobierno anterior derivó en problemas financieros para Naucalpan.
Moya Marín explicó que su administración detectó que el SAT estaba cobrando dos veces algunos conceptos, como recargos y multas injustificadas. Incluso, en el caso del crédito fiscal de agosto a diciembre de 2020, la Segunda Sala Regional del Estado de México determinó que el cobro era improcedente y ordenó cancelarlo. A pesar de ello, el SAT volvió a emitir un nuevo crédito fiscal por el mismo periodo, lo que llevó al municipio a presentar una queja formal.
Este problema refleja la crisis financiera que ha enfrentado Naucalpan en los últimos años y los constantes señalamientos entre administraciones. Mientras el gobierno actual acusa irregularidades en la gestión anterior, ellos sostienen que su administración actuó conforme a la ley para proteger los recursos municipales. Ahora, será tarea de las instancias legales resolver el conflicto.
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